AMA, UCI y Federación Española quieren castigos por la "Operación Puerto"

LA AMA PIDE PRESENTARSE COMO ACUSACIÓN PARTICULAR

AMA, UCI y Federación Española quieren castigos por la "Operación Puerto"

Los tres organismos se imponen agotar los recursos para sancionar a los implicados de la Operación Puerto
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció ayer que ha pedido constituirse en acusación particular en la Operación Puerto, recientemente archivada por el Juez de Instrucción número 1 de Madrid, al considerar que no ha existido ningún delito contra la salud pública.

La AMA ya hizo pública su postura el pasado 8 de marzo cuando el juez Antonio Serrano decidió el sobreseimiento del caso mediante un auto considerado por determinas fuentes jurídicas como impecable. Mediante un comunicado, la Agencia Mundial Antidopaje recuerda que la Unión Ciclista Internacional “ha podido constituirse en parte civil después de un primer intento fallido”.

La Agencia Mundial Antidopaje decidió agotar esta posibilidad para poder tener acceso al dossier de la Operación Puerto, explicó la semana pasada Olivier Niggli, director jurídico de la AMA. Precisó que si el recurso que presentarán ante la Audiencia Provincial es aceptado, entonces trabajarán mano a mano con la Unión Ciclista Internacional con el objetivo de conseguir sanciones disciplinarias para los deportistas implicados. La Federación Española, que tiene que hacer frente a varias demandas de los corredores implicados, también ha presentado un recurso.

A día de hoy, las pruebas obtenidas durante el proceso de investigación de la Operación Puerto siguen sin poder ser utilizadas por las autoridades deportivas para llevar a cabo sanciones a los ciclistas por vía administrativa. Así lo especificó el juez en su momento recordando que no podían emplearse hasta que no concluyera todo el proceso. Esta es la clave ya que la AMA espera obtener mediante esta estrategia la posibilidad de utilizar las pruebas que constan en el sumario.

"Como organismo responsable de promover y coordinar la lucha internacional contra el dopaje, la AMA seguirá trabajando conjuntamente con las autoridades españolas y los diferentes organismos deportivos para que los tramposos sean sancionados y apartados de la competición", señala el mencionado organismo en un comunicado.

Fuentes jurídicas consultadas indicaron a este periódico que será muy difícil que se acepte a la AMA como acusación particular cuando se reabra el caso puesto que no tiene ninguna competencia en delitos contra la salud pública, mientras que la UCI sólo fue aceptada en segunda instancia tras desestimar su petición. En el caso de que consiguieran este primer paso, es prácticamente imposible que puedan utilizar las pruebas para un procedimiento disciplinario cuando se cierre el procedimiento penal. En realidad, estas mismas pruebas no serían válidas para un segundo procedimiento penal, señalaron estas fuentes.

Entonces, ¿qué es lo que se persigue con todo ello?. La AMA y la UCI intentan mantener su férrea posición de lucha contra el dopaje sin caer en el descrédito. Y el Consejo Superior de Deportes trata de maquillar la delicada situación en la que se encuentra junto a la Federación Española con la esperanza de que una demora de hasta un año disuada a parte de los implicados de demandarles por daños y perjuicios.

El fiscal propone en el recurso pruebas de ADN

Una semana después de que el juez Antonio Serrano diera a conocer su auto, la fiscalía de Madrid presentó un recurso de apelación argumentando que los hechos “revisten carácter de infracción criminal” y al mismo tiempo considera que ha existido una “insuficiencia de diligencias practicadas para su esclarecimiento”. El ministerio público propone pruebas de ADN para relacionar las bolsas de sangre con algunos de los 58 ciclistas que aparecen en el sumario. Considera que “esta diligencia es fundamental” y que no se llevó a cabo a pesar de que algunos de los deportistas interrogados accedieron a que se practicase. También propone que se efectúen los interrogatorios a todos los ciclistas implicados y no sólo a unos cuantos.Y al mismo tiempo piden que se concluya el análisis de toda la información informática que se intervino.Será difícil que el juez acepte el mencionado recurso por lo que entonces el ministerio público debería recurrir también a la Audiencia Provincial por la que la revisión del caso podría retrasarse hasta un año.